¿Para qué una Constitución tan cara?*
Leo Zuckermann
Twitter: @leozuckermann
Como capitalino que disfruta enormemente esta ciudad, pero que también padece sus problemas, lo que me interesa es que la nueva Constitución produzca un gobierno más representativo, más barato y con mayores niveles de gobernabilidad.
Muchos no han entendido el grave problema por el que está pasando el país en sus finanzas públicas. Los gobiernos tienen que apretarse el cinturón tomando decisiones muy duras de recorte al gasto incluyendo el despido de trabajadores y la cancelación de proyectos de infraestructura. Es en este contexto en que la nueva Ciudad de México gastará millones de pesos en elaborar, con bombo y platillo, una Constitución.
Nadie ha dicho cuánto costará este proceso, pero sospecho que serán cientos de millones de pesos. Habrá que organizar la elección de 60 constitucionalistas que, junto con otros 40 designados directamente, dictaminarán, debatirán y votarán la ley fundamental de la nueva entidad federativa del país. Por lo pronto, el gobierno de la ciudad ya nombró a 28 asesores que elaborarán el proyecto de Constitución. He buscado, y no he encontrado, si les pagarán por sus servicios. No lo sé. Lo que sé es que los contribuyentes de la ciudad vamos a terminar pagando diversos gastos en burocracia, asesorías, propaganda y foros de toda esta parafernalia constitucional.
La pregunta es si valdrá la pena. La respuesta es: pues habrá que ver el producto final.
Me parece que las cosas no comienzan bien. Los primeros pasos apuntan hacia una Constitución llena, como suele ser el caso en México, de derechos que más bien son aspiraciones y complejas estructuras burocráticas. Véase, por ejemplo, el grupo de 28 asesores que supuestamente redactarán el documento. Hay de todo: políticos en activo (Miguel Barbosa, Alejandro Encinas y María Rojo), viejos políticos que se rehúsan a jubilarse (Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Jusidman, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo), activistas sociales (Lol Kin, Miguel Concha, Carlos Cruz, Aidé García, Marta Lamas y Martha Sánchez), académicos (María Leoba, Enrique Fernández, Juan Luis Alcántara, Mónica González, Ana Laura Magaloni, Mauricio Merino, Loretta Ortiz, Pedro Salazar, Francisco Valdés y Alicia Ziccardi), escritores (Guadalupe Loaeza y Juan Villoro), urbanistas (Enrique Ortiz y Ariel Rodríguez) y hasta un deportista (Gustavo Ramón Sánchez).
Suena bien toda esta pluralidad. Pero, en la práctica, un grupo tan variopinto puede terminar redactando un mamotreto, sobre todo cuando se trata de figuras con grandes egos que querrán dejar su sello personal para la eternidad. ¿Quién coordinará a los asesores? ¿Cómo se dividirán la chamba? ¿Cómo tomarán decisiones? ¿Qué pasará cuando existan diferencias?
Y esa es, tan sólo, la primera aduana en la redacción de la nueva Constitución. Luego vendrá la buena, es decir, la que realice el órgano político encargado de debatirla y aprobarla: el Constituyente integrado por 100 asambleístas: 60 elegidos, seis designados directamente por el presidente Peña Nieto, seis por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 14 por los diputados federales y 14 por los senadores. Si los constitucionalistas son los soberanos para promulgar la ley fundamental, pues pueden acabar tirando al cesto de la basura el proyecto que envíen los 28 asesores mencionados.
En fin, tendremos que esperar a ver el documento que saldrá de todo este proceso. En lo personal, como capitalino que disfruta enormemente esta ciudad, pero que también padece sus problemas, lo que me interesa es que la nueva Constitución produzca un gobierno más representativo, más barato y con mayores niveles de gobernabilidad. Ésos, me parecen, deben ser los tres criterios que nos deben interesar. Que las autoridades elegidas reflejen la pluralidad de la ciudad y estén sujetas a un estricto régimen de rendición de cuentas (que reciban premios cuando haya aciertos y castigos cuando cometan errores). Que el escaso dinero del erario citadino se use para tener mejores servicios y obras, no para pagar pesadas estructuras burocráticas. Que en la ciudad exista gobernabilidad con un régimen de incentivos que permita la cooperación entre poderes y niveles de gobierno.
Estos días he escuchado que hay que aprovechar la nueva Constitución para probar e innovar muchos conceptos. Suena bien, pero tampoco se trata de descubrir el hilo negro. A mí lo que me preocupa es el riesgo de terminar con un texto constitucional largo, farragoso, complejo, disfuncional. Y que todo esto nos cueste una pequeña fortuna.
* Artículo originalmente publicado en el diario Excélsior el 10 de febrero de 2016, en http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2016/02/10/1074150
