Ideas para una ciudad más sustentable ante la Constitución de la CDMX

 

 

Gabriela Alarcón

Instituto Mexicano para la Competitividad

 

 

 

 

 

 

 

 

Los altos niveles de contaminación del aire de los últimos días, que incluye las disputas entre la Ciudad de México (CDMX) y el Gobierno del Estado de México (Edomex) por la basura, han puesto en evidencia la crisis de ingobernabilidad que se vive en este sector y que no reconoce fronteras político-administrativas. Pero la lista de los problemas ambientales a los que se enfrenta la Ciudad no termina ahí. También están otros temas como la pérdida de bosques -tanto por las invasiones ilegales como por la corrupción inmobiliaria-, el muy deficiente servicio de agua potable y el escaso saneamiento de las aguas residuales.

 

El derecho a un medio ambiente sano ya está establecido claramente en la Constitución federal, lo cual incluye el deber del Estado de garantizar el respeto a este derecho. Asimismo, en su Artículo 122, que habla sobre las facultades de la CDMX, se contemplan mecanismos de coordinación entre la federación, la propia CDMX, las futuras alcaldías, y los estados y municipios conurbados de la ZMVM a través de un Consejo de Desarrollo Metropolitano. Entre sus funciones están la planeación y ejecución de acciones regionales para la protección del medio ambiente, la prestación de servicios públicos, el transporte y la basura, entre otros.

 

Sin embargo, no obstante que en la Constitución federal se define este derecho, no se estipulan mecanismos de defensa para los individuos o grupos afectados en caso de violación de los mismos por un acto u omisión de las autoridades o particulares, como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, en la constitución de esta ciudad sudamericana se establece que toda actividad que suponga un daño inminente al ambiente debe cesar y, en el caso de que ocurra un daño se tiene la obligación de recomponerlo. Por otro lado, llama la atención que nuestra Constitución federal no señala que los ciudadanos también tienen el deber de preservar el medio ambiente y de defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Estos dos elementos podrían ser una oportunidad para ser discutidos y, en su caso, incluirse en la sección de derechos  de la Constitución de la CDMX.

 

En cuanto al ámbito de la gobernanza y administración del sector, dos elementos comunes a los problemas ambientales de la ciudad son la falta de claridad en las atribuciones y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno y un diseño institucional disfuncional. La actual crisis en la calidad del aire ilustra con mucha claridad la ausencia de corresponsabilidad de los gobiernos de la CDMX, el Edomex, la Federación e incluso las delegaciones y municipios conurbados. Por ejemplo, los programas de verificación vehicular no han sido homologados entre la CDMX, el Edomex y los demás estados que conforman la megalópolis. La Federación tampoco ha cumplido su parte para cofinanciar la ampliación de un transporte público de calidad, a través del BRT o Metrobús, para lograr una cobertura hasta el Edomex.

 

Para la Constitución de la CDMX se debería analizar a fondo cuál es la mejor distribución de facultades, y en qué casos éstas serán concurrentes entre los distintos niveles de gobierno (incluyendo a las alcaldías) para lograr una mayor efectividad en la protección del ambiente y los recursos naturales. Otro tema relacionado a considerar es la necesidad de que el gobierno integre una política de planeación y gestión ambiental a las políticas de desarrollo económico y social. Esto necesariamente deberá abarcar a los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental, los cuales deberán construirse y gestionarse de manera participativa, ya que la corrupción y especulación en este ámbito tienen grandes afectaciones en la calidad de vida de las personas y la sustentabilidad.

 

Por último, en las discusiones sobre cómo se regulará a los servicios públicos urbanos para el agua y los residuos se deberá buscar un balance adecuado entre el acceso universal y equitativo a dichos servicios como el de protección al ambiente y resiliencia. Esto será mucho más fácil de lograr si a los organismos encargados de proveer estos servicios públicos vitales se les dotará de una autonomía operativa, se introducirá el servicio profesional de carrera y se les exigirá transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.