Aunque la mayor atención sobre la reforma política del Distrito Federal se la ha llevado la futura Asamblea Constituyente que habrá de expedir la Constitución de la Ciudad de México, lo cierto es que sobre el mismo tema hay otro aspecto de mucho mayor impacto para quienes habitamos en la capital del país.

 

Me refiero a la creación de las “alcaldías”, que a partir de 2018 van a sustituir a las actuales “delegaciones políticas”. No se trata de un cambio de denominación solamente, sino de un cambio de fondo que –previsiblemente- traerá efectos positivos.

 

Las alcaldías se van a integrar por un alcalde y por “concejales”. Tanto al primero como a los segundos los vamos a elegir los ciudadanos mediante voto universal, libre, secreto y directo. En cada demarcación territorial podrá haber entre 10 y 15 concejales; para su elección, los partidos deberán presentar planillas, las cuales estarán encabezadas por el candidato a alcalde y podrán tener entre siete y diez nombres cada una de ellas.

 

Lo interesante es que ningún partido político podrá tener más del 60% de concejales, de modo que, a diferencia de lo que actualmente ocurre, las demarcaciones territoriales de la Ciudad serán gobernadas por equipos pluripartidistas. Este es un cambio mayor en la administración pública de la Ciudad de México.

 

Es posible (y deseable) que esta distribución de las “concejalías” entre varios partidos incremente la hoy muy escasa rendición de cuentas, mejore los equilibrios partidistas y permita una mayor transparencia en las funciones gubernativas.

 

Se acabaron los tiempos de los “carros completos” que durante tantos años han tenido los partidos en las hasta ahora llamadas “delegaciones políticas” que tantas corruptelas y vicios han generado.

Además, el alcalde y los concejales, quienes durarán en el cargo tres años, podrán ser electos para un periodo adicional. Esto significa que si hacen bien su trabajo y son favorecidos por el voto ciudadano, podrán ocupar el cargo hasta por seis años, el mismo tiempo que dura el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad.

 

Obviamente, hay muchas cuestiones que la reforma a la Constitución federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de enero no prevé. Habrá que esperar hasta que esté redactada la nueva Constitución de la Ciudad de México y expedidas las leyes que la desarrollen, para poder evaluar “la letra chiquita” que será aplicable a las alcaldías. Pero por lo pronto parece una decisión acertada el poner límite y freno a la hegemonía de un único partido en el gobierno local.

 

Además de lo normativo, veremos también una evolución política interesante en la entidad, ya que el crecimiento de la intención de voto a favor de Morena pone en jaque al dominio hasta hace poco incuestionable del PRD. Con independencia de si simpatizamos más o menos con el partido de AMLO, lo cierto es que resulta positivo que los habitantes de la Ciudad tengamos una opción política competitiva para castigar el desempeño mediocre (o francamente corrupto en muchos casos) que ha caracterizado al PRD desde 1997.

 

En la capital tenemos una de las clases políticas menos talentosas de todo el país (lo cual ya es mucho decir) y de las más ineficaces para ejercer el poder público. Abundan los dispendios presupuestales, el clientelismo político, la tolerancia a todo tipo de ilegalidades, una completa ausencia de planeación urbana, altas tasas de criminalidad, corrupción en todas sus formas y muchas otras calamidades que rebajan sensiblemente la calidad de vida de quienes habitamos en una ciudad que puede ser mucho mejor de lo que es actualmente.

 

Como quiera que sea, la reforma constitucional señalada nos abre una puerta enorme para construir un orden jurídico de vanguardia, que sirva de ejemplo quizá para que dentro de pocos años podamos tener.

 

* Artículo originalmente publicado en el diario El Universal el 2 de febrero de 2016, en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/miguel-carbonell/nacion/2016/02/2/las-alcaldias-de-la-ciudad-de-mexico