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La Constitución de la Ciudad de México: Oportunidad de Cambio*

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Sin que los ciudadanos en general nos demos cuenta, en este momento se está gestando un proceso que afectará por mucho tiempo nuestras vidas y las de nuestros hijos. Me refiero a la redacción de la Constitución de la Ciudad de México que lleva a cabo un grupo de cien distinguidos ciudadanos.

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La redacción de la Constitución abre la oportunidad de cambiar la forma en la que nuestra ciudad ha venido desarrollándose, es decir, sin un proyecto y una visión clara del futuro que queremos y sin una estrategia para lograrlo. Está claro que a pesar de las importantes acciones e inversiones que lleva a cabo el gobierno para tratar de evitar un desarrollo sin rumbo, nos está llevando a más congestionamiento, más contaminación y deterioro económico y a una cada vez menor calidad de vida.

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Debemos definitivamente cambiar la estrategia con un plan con visión integral de largo plazo, que efectivamente corrija las tendencias de deterioro de la calidad de vida que experimenta nuestra ciudad.

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Para ello, la Constitución debe establecer la obligación de que el gobierno, con participación de la sociedad y con el debido soporte técnico, tenga y aplique un proyecto de ciudad, diseñado para impulsar con eficacia el desarrollo económico para combatir la pobreza en sus causas y para preservar los valores ambientales.

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El referido plan o programa debe formar parte de una estrategia de ordenamiento metropolitano, concertada con los gobiernos de los estados de México y de Hidalgo.

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Urge que pasemos de las improvisaciones a la ejecución de una estrategia bien razonada y diseñada, con base en la cual todos, y no sólo el gobierno, actuemos racionalmente para lograr la Ciudad que queremos.

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Es por ello que ese programa y la estrategia correspondiente, deben ser concertados con las alcaldías y con la sociedad en su conjunto. El programa debe traducirse en acuerdos y compromisos que hagan concurrir la actuación de los gobiernos, de los inversionistas y de la población hacia su materialización.

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Estamos hablando de la urgencia de hacer un cambio importante en el proceso que está siguiendo el desarrollo de la Ciudad, que ya no puede basarse en soluciones improvisadas a emergencias anunciadas. No puede resolverlas únicamente el gobierno por sí solo; requiere de la participación de todos. Al gobierno le corresponde convocar, coordinar y sumar a todos en la ejecución de la estrategia.

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El Gobierno Central debe asegurar la congruencia y concurrencia de los programas y acciones de cada una de sus dependencias. No debe haber programas de movilidad al margen de los programas de usos del suelo, tampoco deberá haber programas de ordenamiento ambiental ajenos a la estrategia de desarrollo integral. Está probado que de nada sirve la construcción de líneas de metro o viaductos elevados sin una política realista y congruente de vivienda, de densificación y de conducción del uso del suelo basada en una estrategia integral de reestructuración urbana que reduzca las distancias y los tiempos de desplazamiento.

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El Programa de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, debe integrar los programas de movilidad, de infraestructura hidráulica, de ordenamiento ambiental, de vivienda, de uso del suelo y de previsión de riesgos.

El programa no debe limitarse a establecer normas para la acción de los particulares, sino que debe plantear y apoyar las obras y acciones estratégicas a realizarse con la participación social y la inversión privada. Debe ser un instrumento para promover, impulsar y coordinar la acción corresponsable de los particulares, hacia la ejecución del proyecto de ciudad.

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La Asociación Mexicana de Urbanistas, AC propone un cambio de enfoque, que deberá verse reflejado en la Constitución de la Ciudad acompañada de los siguientes instrumentos: Como ya lo han propuesto algunos de los miembros de la Asamblea Constituyente, debe establecerse un Instituto de Desarrollo Urbano Metropolitano que se haga cargo de la formulación del Programa y de la Estrategia de Desarrollo.

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Debe ser obligatorio que la Ciudad cuente con un programa y una estrategia de desarrollo que forme parte de la Estrategia de Ordenamiento Metropolitano; que sea participativa, multisectorial y que esté fundamentalmente orientada a impulsar el desarrollo económico y a ampliar el acceso de la población más pobre a las oportunidades de empleo y de desarrollo.

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Se debe condicionar la autorización de los programas sectoriales de las dependencias del Gobierno y de las Alcaldías, a un dictamen de congruencia con el Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad.

Se debe emprender un programa de modernización del marco jurídico y administrativo que norman el desarrollo urbano y la vivienda en la Ciudad.

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Se debe crear un fondo de desarrollo y reestructuración urbana, de participación público-privada, destinado a cubrir los déficits y la demanda de infraestructura que generan nuevas construcciones.

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Se debe establecer un perfil profesional mínimo de los funcionarios a cargo de la conducción del desarrollo urbano y de la vivienda.

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Se debe difundir activamente la cultura urbana y promover la participación corresponsable de la sociedad en la solución de los problemas urbanos y la conformación de la Ciudad que queremos.

 

Debemos pasar de una gobernanza administradora de los problemas, a una gobernanza proactiva de sus soluciones.

 

La participación concurrente de la sociedad, garantiza la materialización de una Ciudad más productiva, más accesible y más justa.

 

* Artículo publicado originalmente por el diario El Universal, el 31 de julio de 2016, en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/2016/07/31/la-constitucion-de-la-ciudad-de-mexico-oportunidad-de-cambio

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