Comunicado íntegro de la Asamblea Constituyente:
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APRUEBA LA COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO DESAPARECER EL FUERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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Al quedar aprobado en lo general y en lo particular el primer dictamen de la Asamblea Constituyente, se acordó mantener la inviolabilidad de las opiniones de los diputados al Congreso local.
La Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México estará encabezada por una sola persona, electa a partir de una consulta pública, a propuesta de un grupo de expertos, y con dos terceras partes de los votos del Congreso local.
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En una sesión que duró más de 12 horas, los integrantes de la Comisión de Buen Gobierno aprobaron el primer dictamen que emite la Asamblea Constituyente en el que se acordó eliminar la figura del fuero en la Ciudad de México.
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A esta comisión correspondió el estudio y aprobación de los artículos 66 al 73 del título quinto, referente a la Integridad y la Buena Administración del texto de Constitución Política de la Ciudad de México. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por 14 votos contra uno, éste último de la diputada constituyente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Ortiz Couturier.
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El dictamen aprobado, que deberá ser sometido a consideración del Pleno de la Asamblea, señala en su artículo 72 que las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y ninguna goza de fuero o inmunidad. Se especifica claramente que son inviolables las opiniones que los diputados al Congreso de la Ciudad de México manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. En este sentido se eliminó un párrafo contenido en la propuesta original enviada por el Gobierno de la Ciudad, que indicaba que las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las diputaciones al Congreso local, de las magistraturas, de las Secretarías del gabinete, de la Fiscalía General, así como de las Alcaldías no podrían ser privadas de su libertad durante el periodo de su encargo.
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También se señala que el plazo de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos, incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implique malversación de recursos o deuda públicos, se interrumpirá cuando el presunto responsable haya eludido la acción de la justicia.
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Durante el debate de este artículo, la diputada constituyente Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se manifestó por mantener el fuero en la Constitución de la Ciudad de México; dijo que nadie debe tener inmunidad para delinquir pero que para eso el Congreso puede determinar si procede en su contra.
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En ese mismo sentido, el diputado constituyente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, hizo un llamado a “no dejarse llevar por el populismo” pues el fuero es para que los servidores públicos no se sientan asediados. Estos dos diputados presentaron reservas sobre este artículo.
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En su apoyo, la diputada Cecilia Romero, también del PAN, dijo que el fuero es un escudo para que los funcionarios puedan llevar a cabo su labor sin temor, y para defenderse de los ataques y presiones infundadas que puedan sufrir.
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A favor de la eliminación del fuero se manifestó el presidente de la comisión, Armando Ríos Piter quien aseguró que la buena ley es aquella en la que la gente cree. “La gente no cree en el fuero, la gente lo identifica con todos los calificativos negativos. El fuero es la institución identificada como lo malo”. Enfatizó que ese descrédito provoca una gran distancia entre el gobernante y el gobernado, por lo que desaparecer la figura es positivo y no es una medida populista.
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La diputada Tobyanne Ledesma, del PRD, indicó que el fuero es visto como un privilegio de funcionarios y políticos y, en alusión a lo señalado por el diputado del PRI, Augusto Gómez Villanueva quien dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había echado para atrás la eliminación del fuero en Veracruz, recordó que la Corte no lo había considerado inconstitucional en Jalisco.
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La diputada Esthela Damián, del Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que el fuero es un esquema que corresponde al abuso, por lo que se requería no sólo un análisis jurídico sino también atender la demanda social.
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La diputada Lol kin Castañeda, del PRD, indicó que los servidores públicos han usado el fuero para abusar del poder. “A nadie beneficia proteger a alguien como a (Javier) Duarte (exgobernador de Veracruz)”.
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A su vez, la diputada de Morena, Elvira Daniel, apuntó que es importante reconocer el reclamo justificado de la desaparición del fuero pues servidores públicos y políticos abusan de la figura y gozan de impunidad. “Un funcionario que nada debe, nada teme”, dijo.
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En defensa del fuero, el diputado del PRI Augusto Gómez Villanueva, indicó que “esta institución permite el equilibrio de poderes”. Y el diputado Alejandro Báez, del mismo grupo parlamentario, apuntó que si la Constitución local incluye el fuero, en un litigio los jueces pueden optar por aplicar la Constitución federal “y dejar lo local de lado”.
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Las reservas presentadas por PRI y PAN fueron rechazadas por una mayoría de 9 votos contra 6, por lo que quedó aprobada la propuesta del proyecto de dictamen, que elimina el fuero.
En lo aprobado anoche también se encuentra el juicio político, el cual no procederá por la mera expresión de ideas.
Previamente, en el transcurso del debate, fue aprobado que la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México (inicialmente llamada Auditoría Superior de la Ciudad de México), consagrada en el artículo 68, estará encabezada por una sola persona (y no por un órgano colegiado de cinco integrantes, como lo planteaba el proyecto de dictamen), a partir de una convocatoria pública, y a propuesta realizada, preferentemente, por instituciones de educación superior y colegios profesionales de las ciencias y técnicas de administración, fiscalización y auditoría.
También se aprobó que la entidad contará con autonomía de gestión, técnica y presupuestal, y será independiente en sus decisiones y profesional en su funcionamiento, y se eliminó que sería constitucionalmente autónoma, como planteaba el proyecto. El diputado Armando Ríos Piter, presidente de la comisión, señaló que lo importante es que el órgano tenga la fortaleza necesaria para cumplir con su cometido de manera independiente.
Esta entidad fiscalizará tanto al gobierno central como a las alcaldías, los fondos, los recursos patrimoniales y el uso y destino de la deuda pública. Los informes de auditoría deberán tener carácter público y cumplir con estándares de datos abiertos.
Asimismo, se fiscalizarán el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que se asignan a los poderes Judicial y al Congreso, y de cualquier otro órgano o entidad pública de la ciudad.
Por otra parte, al debatir el artículo 69, referido al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se aprobó que el comité de participación ciudadana, que es una de las bases del sistema, además de recibir denuncias de ciudadanos, también podrá presentar denuncias sobre hechos de corrupción en los términos que establezca la ley.
También se analizó una propuesta de adición al artículo 70, referido a las responsabilidades administrativas sobre la prohibición para usar recursos públicos para la promoción personal de los representantes de los poderes públicos, mediante la celebración de cualquier forma de contrato o acuerdo con empresas y medios de comunicación. Se señaló que este tema deberá estar contenido en una ley secundaria.
Sí se aprobó modificar el numeral 7 del mismo artículo para señalar que la ley determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá las sanciones en la materia que corresponda. Agrega que la legislación definirá las responsabilidades en que incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas físicas o morales que no manifiesten y se beneficien económica o políticamente de dichos conflictos.
Se adicionó un numeral al mismo artículo 70 para transparentar las relaciones entre los sectores público, social y privado. Quedó de la siguiente manera: La ley regulará las responsabilidades correspondientes a las relaciones contractuales multianuales entre los sectores público, social, privado y organizaciones ciudadanas para mejorar el bienestar social y la gestión urbana, asegurando audiencia y máxima publicidad.
Al final de la sesión, a los 25 primeros minutos del 3 de diciembre, hubo una opinión unánime sobre la civilidad con que se habían desarrollado los trabajos de la comisión y un reconocimiento general de los aprendizajes obtenidos de cada uno de los constituyentes. Para concluir los trabajos, los diputados y diputadas se dieron un aplauso y se tomaron una foto.
Publicado originalmente en:
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