Nubarrones en el escenario

 

 

Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y
Candidato a Doctor en la misma especialidad por
la Universidad Nacional Autónoma de México

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reforma política para el Distrito Federal aprobada el pasado 15 de diciembre de 2015 presenta una importante y necesaria oportunidad para repensar la Ciudad, para transformarla estructuralmente en un proyecto dinámico a largo plazo, resultante de una idea de Ciudad más o menos clara y lo más consensuada posible. El momento para tratar de incidir en este ejercicio es idóneo, toda vez que están por definirse los miembros de la Asamblea Constituyente para la elaboración del marco jurídico de la Ciudad de México; nuestra Constitución. Éste, es el primero de una serie de artículos en Nomos político, en los que se expondrán algunas críticas al proceso que estamos viviendo, pero también propuestas, ideas o cuestionamientos, que creemos vale la pena compartir. El primer paso es conocer el escenario.

 

¿Qué cambios supone la transformación de DF a Ciudad de México? Además del cambio de nombre, de convertirse en una entidad federativa y de tener nuestra propia Constitución –la cual deberá ser aprobada a más tardar el 31 de enero de 2017- la Asamblea legislativa se transformará en Congreso local, las delegaciones se transformarán en alcaldías y se gobernarán por el alcalde y concejales; se concretará la autonomía en lo referente al nombramiento del Jefe de Policía y del Procurador de Justicia; con esto la Ciudad de México ya no se gobernará por órganos de gobierno, sino por tres poderes como el resto de las entidades federativas. Otro aspecto importante será la autonomía presupuestaria y la capacidad que tendrá de establecer el techo del endeudamiento. 

 

Este cambio en la administración ya presenta posibilidades, pero también algunos peligros de los cuales debemos estar atentos; peligros no per se, sino provenientes tanto del sistema de partidos, como del oportunismo político. Por un lado, es altamente probable que ya exista una Constitución acordada entre los partidos políticos o al menos entre algunos de ellos a fin de proteger sus intereses, y ya que serán éstos los que dominen la Asamblea Constituyente, la ciudadanía debe estar muy pendiente de su proceso de construcción. Por otro lado, los partidos políticos dominarán la Asamblea, y es que la democratización en México es en el mejor de los casos alternancia en el poder o bien, una simple partidocracia, en la que el sistema trabaja para resolver los problemas de ella o incrementar sus ganancias. La estructura de la Asamblea Constituyente parece una expresión más de ello, pues de los 100 diputados constituyentes, 60 serán electos por representación proporcional el día 5 de junio, 28 serán electos dentro del Poder Legislativo (14 Senadores y 14 Diputados) y 12 designados por el Ejecutivo federal y local (6 por el Presidente y 6 por el Jefe de Gobierno). Ahora bien, existe la posibilidad de los candidatos independientes –como representantes de la Sociedad Civil- pero para que éstos puedan ser electos deben estar en las listas de candidatos de alguno de los partidos políticos, es decir, la independencia es limitada y muy probablemente el peso que puedan tener en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, también. En la lógica parlamentaria, los grupos pesan más que los individuos.

 

Vinculado al punto anterior, es que existe el peligro de que la sociedad civil no sólo quede limitada en la construcción de la Constitución, sino de que se limite una vez más su capacidad de acción y de incidir en la elaboración de políticas públicas. La composición de la Asamblea Constituyente ya demuestra el dominio de la clase política sobre la sociedad civil, pero no sólo eso, los partidos dominantes en el sistema político han demostrado poco interés en el fortalecimiento de ella, en la participación ciudadana. El vínculo que han establecido el PAN, el PRI, el PRD y Morena con la sociedad civil, ha sido clientelar, no buscando su fortalecimiento, su desarrollo como actor político, ni su integración en todo el proceso de las políticas públicas. Los gobiernos perredistas desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Miguel Ángel Mancera –y particularmente- de Andrés Manuel López Obrador, han cooptado, debilitado o desarticulado movimientos sociales y organizaciones ciudadanas, bajo la premisa de que ya no son necesarios dada la naturaleza de izquierda del gobierno capitalino. Esto ni es verdad, ni tiene por qué ser así; la participación ciudadana no sólo es más importante que la administración de izquierda (o derecha o centro o…) sino que es indispensable. La Constitución de la Ciudad de México debe garantizar y ampliar mecanismos para la participación ciudadana. Lo que requiere, debemos tenerlo claro, un gran compromiso de nuestra parte.

 

Por último, en esta breve reflexión, quisiera advertir sobre el peligro de la fragmentación de la Ciudad en 16 alcaldías desarticuladas. Si bien es cierto que la Ciudad de México no será un estado como tal y que las delegaciones no serán municipios sino un híbrido entre éstos y aquéllas, quedando algunas tareas –como la seguridad- a cargo del gobierno central, también lo es que la definición misma de los alcances y límites de las alcaldías, así como de su contrapeso –los concejales, 10 ó 15 por cada alcaldía- está por establecerse en la Asamblea Constituyente. Lo que se debe cuidar, es la total desvinculación de las alcaldías de un proyecto de Ciudad, abriendo la posibilidad de que los alcaldes sean sensibles a presiones locales, tanto de empresarios como de distintos grupos u organizaciones; sin mencionar la falta de articulación en el desarrollo urbano o el ordenamiento territorial. Al respecto ahondaré en la segunda entrega de esta serie, cuando hable sobre las posibilidades que presenta este camino hacia la Ciudad de México.

 

Publicado originalmente en:

http://nomospolitico.com/index.php/mexico/item/del-df-a-la-ciudad-de-mexico