Democratización del poder
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Porfirio Muñoz Ledo
Comisionado para la reforma
política de la Ciudad de México
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A pesar de la mala prensa y escasa difusión que ha caracterizado los trabajos iniciales de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, están desenvolviéndose debates de gran intensidad sobre los principales problemas de la capital, que reflejan en mucho los del país. En contra de la versión distorsionada de que el proyecto presentado por el jefe de Gobierno había merecido un rechazo generalizado, hasta la fecha se han presentado 193 iniciativas de diputados, referidas al articulado del documento original y 159 propuestas ciudadanas –cuyo plazo de entrega se ha prorrogado una semana-: en total 352.
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El tiempo consumido por estas presentaciones ha generado ya un movimiento a favor de que se amplíe el plazo que la Constitución Federal concede a la Asamblea para aprobar la Carta Magna de la Ciudad; cuestión de difícil, pero no imposible solución jurídica. La discusión sobre temas cruciales comienza a comprometer a nivel nacional a los partidos políticos y a los movimientos sociales y más valiera otorgar a estas deliberaciones fundamentales el espacio público que merecen, en vez de extraviar este tiempo angustioso en querellas intestinas que no hacen sino abonar en el proceso de degradación del Estado.
Uno de los capítulos centrales se refiere a la reforma y distribución del poder, que, a su vez, contempla una novedosa definición de ciudadanía, las diversas formas de democracia directa y participativa, las garantías de equidad en el proceso electoral, la genuina autonomía de los órganos autónomos, la descentralización política de las Alcaldías y una modificación sustantiva en el régimen de gobierno y en las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo. Nos referimos a este último apartado, ya que su discusión corre pareja por propuestas que son promovidas a escala nacional ante la evidente parálisis de los poderes públicos. Es difícil creer, en efecto, que el Ejecutivo se levante pensando “cómo joder a México”, pero ello no impide que lo haga por carencia de visión y por un pésimo diseño del régimen de gobierno.
Desde fines de los noventa, cuando el partido hegemónico perdió su mayoría en la Cámara de Diputados, numerosos especialistas comenzaron a hablar de “gobiernos divididos” y de la adopción de un sistema de gabinete, cuyo jefe e integrantes fuesen designados por el Congreso a propuestas del Ejecutivo, electo por sufragio universal. Otros nos habíamos inclinado ya por la implantación de un régimen semipresencial, en el que se distingan con nitidez las esferas del Estado y del gobierno. La tendencia hacia la parlamentarización del sistema ha ganado terreno, pero no ha logrado vencer el atavismo presidencialista ni abandonar un modelo que permitió pacificar al país y centralizar las decisiones fundamentales, pero que dejó un inmenso déficit de ciudadanía, quebrantó el equilibrio de poderes e hizo nugatoria la rendición de cuentas.
Los argumentos a favor de mantener una cultura política enraizada desde la Colonia carecen totalmente de sentido a la luz de los síntomas ostensibles de un Estado fallido y del vaciamento de soberanía a que ha conducido una transición errática. Tampoco corresponde a nuestra tradición constitucional. Recordemos que la de Cádiz fue una monarquía constitucional, la de Apatzingán proscribió el poder personal y supeditó un triunvirato al Supremo Poder Legislativo y a la Convención de Aguascalientes planteó en su resolución IV el establecimiento del régimen parlamentario en México.
Más allá de las reformas al artículo 89 fracción XVII de la Constitución que permite las coaliciones de gobierno de modo opcional para el ejecutivo, lo que se discute ahora es si debe establecerse de modo obligatorio un gobierno de gabinete. No se trata de encubrir arreglos interpartidarios que podrían acomodarse en gobiernos multicolores. El proyecto sería la definición de un nuevo pacto constitucional que determine la formación de gobiernos mayoritarios, con programas explícitos y con responsabilidad transparentes ante los ciudadanos. También el establecimiento formal de la oposición congresional, con sus propias obligaciones y prerrogativas. Desde luego los mecanismos parlamentarios de control y la disolución del congreso en caso necesario. No se trata de simula juegos democráticos que sólo disfrazan el reparto de prebendas y el predominio avasallador de los poderes fácticos, sino de instaurar prácticas, suficientemente probadas a lo largo de la historia, que restauren los poderes públicos con dignidad, coherencia y eficacia.
Publicado originalmente el 30 de octubre en:
