Educación y sociedad *

 

 

Porfirio Muñoz Ledo

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México

Una comunidad educativa con la participación de toda la sociedad es condición inescapable para la democratización del sistema.

El Constituyente de 1814 definió la columna vertebral de la República que aspiraba a fundar en la siguiente frase: “la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder”. Estableció que la educación no es sólo una función institucional ni una tarea profesional. Es la responsabilidad global de la sociedad consigo misma. Como decía El Nigromante “un esfuerzo comparable a la creación de una religión civil”, una creencia profunda de la población en su propio futuro. Como la definió el Plan de Educación de 1977: un conjunto de compromisos nacionales, prioritarios e indeclinables.

A pesar de los empeños promovidos en distintas épocas por el Estado mexicano, esa tarea está muy lejos de haberse satisfecho en cantidad, calidad y continuidad. Así, la Ley de Instrucción Pública -obligatoria, laica y gratuita- de 1861, promovida por Benito Juárez, vino a cumplirse más de cien años después. La universalidad de la educación secundaria y de la media superior se estableció apenas en 1992 y 2012 respectivamente y los avances obtenidos hasta ahora son magros, sobre todo si se toman en cuenta las enormes diferencias entre regiones y poblados que los promedios disfrazan.

En la actualidad 1 millón 136 mil menores no cuentan con acceso a la educación formal. Más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar prematuramente. La cantidad de analfabetas ha permanecido intacta en una década: cerca de 6 millones de mexicanos mayores de 15 años. La educación básica es señaladamente deficiente y la deserción escolar, junto con el rechazo educativo, han dejado a la intemperie a una franja importante de la juventud. Hechos que refutan la “verdad oficial” sobre el progreso educativo.

El carácter regresivo de los indicadores sociales desmiente los dogmas de la economía dominante. El incremento alarmante de pobreza, la punzante desigualdad, el deterioro genético y la degradación educativa son hechos duros que vuelven inaplazable un nuevo consenso sobre el rumbo de la nación. Destacados pensadores han planteado la concentración temporal del esfuerzo educativo -Estado, sociedad y economía- en una política intensiva para garantizar la escolaridad universal y la difusión del conocimiento y cambiar radicalmente las condiciones de vida de los niños y jóvenes. La estrategia llamada “adoptar una generación” podría parir un nuevo país en sólo 20 años.

La redacción del proyecto constitucional de la Ciudad de México ha conducido a replantear la tarea educativa como el primer deber de la comunidad. El concepto de “ciudadanía universal” nos llevaría a otorgar prioridad a la educación inicial, a partir del nacimiento y hasta los seis años. Habríamos de garantizar además el derecho al aprendizaje durante toda la vida, entendido como el conjunto de formas de acceso a la educación, la participación en las decisiones colectivas, la capacitación permanente y las tecnologías de la comunicación, a través de todos los mecanismos públicos, sociales y privados, tomando en cuenta que las grandes ciudades son el principal escenario mundial de la producción del saber.

Las reflexiones sobre el destino económico de la Ciudad conducen a definirla como un espacio de cultura e investigación científica y tecnológica. La inversión en capital humano debiera convertirse en el instrumento privilegiado para la distribución del poder y del ingreso, tanto como el vehículo irremplazable para la integración de la sociedad. La Ciudad, conforme a su estatuto de capitalidad, habría de coordinarse estrechamente con las instituciones federales de educación superior y promover la transferencia gradual de los servicios de educación básica y media superior, acompañados de las ministraciones presupuestales correspondientes a la operación de los servicios y a su responsabilidad sobre la infraestructura y desarrollo de la educación.

La creación de una comunidad educativa con la participación activa de la sociedad, los padres de familia, los educandos y los docentes es condición inescapable para la democratización del sistema. La revalorización profesional y social del maestro, la evaluación diagnóstica, integral, formativa y no punitiva, el impulso a la innovación pedagógica y el concurso de todos los actores de la sociedad convertirían a la educación en un proceso colectivo de interés público. Como una obligación esencial con sus habitantes y con el país, la Ciudad debe embarcarse en una revolución del conocimiento.

* Artículo originalmente publicado en el diario El Universal el 18 de junio de 2016, en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/2016/06/18/educacion-y-sociedad