Derecho a la ciudad *
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Porfirio Muñoz Ledo
Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México
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La ciudad resume la hazaña civilizatoria del hombre, es el mundo que hemos creado, pero también aquel en el que estamos condenados a vivir. Los polos de concentración demográfica se han convertido en los actores económicos, culturales y políticos preponderantes, aunque también han provocado altos niveles de concentración de la riqueza que contribuyen a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público.
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Actualmente más de la mitad de la población mundial habita en metrópolis. Se estima que a mediados del siglo XXI tanto América Latina como Europa y América del Norte tendrán una población urbana cercana al 90%. Se calcula también que el 48% de los hogares en extrema pobreza se encuentran en las zonas urbanas y que, según las tendencias actuales, ese porcentaje llegará al 87%.
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Uno de cada cuatro hogares no tiene servicios, cada semana se pierden mil metros cuadrados de espacios públicos en el mundo, sin contar con las privatizaciones que han derivado en segregación y deterioro de la cohesión social.
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Ante ese escenario, el Derecho a la Ciudad se ha convertido en uno de los movimientos más provisores y promisorios. El término apareció en 1927, cuando el sociólogo Marcel Mauss acuñó la expresión “droit de cité”, pero fue hasta 1968 que Henri Lefebvre escribió su libro Le droit a la cité como un llamado político para que la gente recuperara su soberanía sobre los ámbitos urbanos, ante el impacto desarticulador de la economía de mercado, que colocó a las metrópolis al servicio de la acumulación del capital.
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A partir del año 2000, varios instrumentos locales de derechos se adoptarían: la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (2001) y entre otros compromisos locales la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010), que el gobierno de la capital hizo propia y ofreció instrumentar. El principio de este derecho es que la ciudad pertenece a sus habitantes, quienes deben convertirla en el “escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”, que posibilite la distribución equitativa de recursos y servicios, así como la democratización del espacio público; pretensión que contrasta con la organización vertical y subordinada a que ha sido sometida históricamente la población de las grandes metrópolis.
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La vida en las urbes quizá nunca llegue a ser un paraíso, pero estamos obligados a que no se convierta en un infierno. En la Ciudad de México los inicios de la transición democrática fueron provocados por la asunción de las tareas de rescate y salvamento de los pobladores frente a la retracción irresponsable del gobierno nacional. Desde entonces se ha exigido a los gobiernos locales la instauración de una democracia participativa y la obligación de regular a los agentes financieros y los desarrollos inmobiliarios. También la erradicación de las prácticas corruptas, clientelares y corporativas que han distorsionado la relación entre ciudadanos y el poder, con fines electorales y de enriquecimiento ilícito.
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Esa es la intención última del proyecto de Constitución para la ciudad que estamos elaborando por mandato del jefe de Gobierno. Los temas son variados: desde la planeación a largo plazo y gestión social de la ciudad para un desarrollo urbano y rural equilibrado, las condiciones ambientales sustentables, el manejo integral del agua bajo una perspectiva metropolitana y de cuenca hidrográfica, hasta la recuperación de los espacios públicos y el ejercicio pleno de las libertades.
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Un pacto fiscal equitativo sería el fundamento de un nuevo contrato social en el que los deberes sean garantes de los derechos. Es indispensable el impulso a las actividades productivas y la definición de la vocación económica de la ciudad; la gestión del suelo para garantizar el desarrollo incluyente y el ordenamiento racional del territorio, el establecimiento de una política habitacional que densifique el territorio con sentido social y una política que asegure la preservación del paisaje urbano y la protección del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y artístico de la ciudad. Todas estas estrategias y acciones deberán ser armónicas y determinadas por el interés público. Ese es el significado profundo del compromiso constitucional que debiéramos adoptar.
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* Artículo publicado originalmente por el diario El Universal, el 30 de julio de 2016, en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/2016/07/30/derecho-la-ciudad
