El absurdo económico de la Constitución de la Ciudad de México
12 de octubre de 2016
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Mucho se ha escrito del proyecto de Constitución de la Ciudad de México y su interminable lista de deseos. Ya sabemos que tendremos derecho a una alimentación culturalmente aceptable, a un servicio de salud del más alto nivel y a desarrollar libremente nuestra personalidad. Si se llegara a aprobar algo similar a lo que está planteado en el proyecto, los costos que conllevaría para la ciudad serían enormes. ¿Cómo garantizar esos derechos? ¿Cómo entender siquiera a qué se refieren?
Ya hemos hablado de la validación que hace este proyecto de la economía informal. La informalidad es un problema en el país y la Ciudad de México no es la excepción: 46.4 por ciento de la población ocupada lo está en el sector informal. Los costos que la informalidad tiene son enormes. A pesar de eso, el proyecto de Constitución implica validarla, fomentarla y legitimar la evasión fiscal. ¿Qué incentivos se le dan así al sector formal? ¿Por qué aquél que sí paga impuestos, que contribuye a la seguridad social, que paga por los servicios que recibe, que hace todos los trámites para poder tener un negocio funcionando, querría seguirlo haciendo si podría, siendo informal, obtener los beneficios que este proyecto plantea? No son buenas intenciones, son malas ideas.
Pero aparte de la informalidad, hay otros aspectos económicos dispersos en varios apartados del texto. En la exposición de motivos, se habla del establecimiento de “un régimen de bienestar social y economía distributiva que concibe la elevación de los ingresos de la población como el factor primordial del crecimiento económico”. Difícil pensar que alguien se oponga al bienestar social, a que suban los ingresos y al crecimiento económico. Pero al leer el proyecto en su totalidad, son notorias las contradicciones y los conflictos que podrían traer las múltiples interpretaciones de conceptos ambiguos.
El artículo 15 señala que todos tendremos el derecho individual y colectivo a participar, contribuir y disfrutar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental. También tendremos derecho a una economía social y solidaria que tenga la finalidad de reducir la pobreza, generar empleo digno, promover la inclusión, la equidad y la justicia social. Se impulsará el pleno empleo y la gente tendrá derecho a una remuneración “adecuada”. Las autoridades de la ciudad procurarán el aumento de los ingresos reales de quienes trabajan, cualquiera que sea la naturaleza de su relación (¿?).
Hay más atribuciones de las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito económico. Por ejemplo, las autoridades promoverán el salario remunerador y también el salario justo, derivado del equilibrio de los factores de la producción. No sé a qué se refieren los redactores del proyecto. ¿Cuál es, en su visión, la diferencia entre el salario remunerador, el justo y el adecuado?
La Ciudad de México tiene enormes retos en cualquier ámbito y el económico no es la excepción. La capital contribuye con 16.7 por ciento a la producción del país; la informalidad alcanza 46.4 por ciento e incide en la productividad; el 35.7 por ciento de su población es pobre. En los últimos cuatro años, la ciudad ha crecido aproximadamente al 2.3 por ciento, poco para las necesidades que tiene.
Hay problemas que es imperante resolver: mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, disminuir la pobreza, mejorar la distribución de la riqueza, combatir la informalidad.
Las autoridades de la Ciudad de México deberían de eliminar la burocracia asociada a la actividad económica. De las 32 ciudades evaluadas en el Doing Business a nivel estatal, la Ciudad de México ocupa el lugar 31 en la facilidad para hacer negocios. En el otorgamiento de permisos de construcción, la ciudad ocupa el último lugar. Cualquiera que haya hecho un trámite de este tipo sabe la corrupción rampante que ahí impera. ¿Se solucionará al migrar de delegados a alcaldes? ¿Se solucionará con el derecho que tendremos a la buena administración? Lo dudo.
Lamentablemente, ninguno de esos objetivos se va a cumplir por el hecho de plasmarlos en una Constitución. En lugar de hacer una lista de buenas intenciones confusas, incumplibles e inoperantes, las autoridades de la Ciudad de México, actuales y futuras, deberían enfocarse en generar las condiciones para el desarrollo de la actividad económica, en procurar la infraestructura necesaria y la movilidad adecuada. Para el desarrollo de una ciudad no sirven los deseos, sirven las acciones.
La autora es profesora de economía en el ITAM y directora general de México ¿cómo vamos?
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