De la letra muerta a los derechos plenos
Jesús Ortega
La Constitución próxima de la gran Ciudad de México debiera ser, en varios sentidos, muy diferente con respecto a la Constitución General de la República y las constituciones de las entidades federativas.
Por ejemplo: a diferencia de la actual que rige para el conjunto de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México sà debiera cumplirse de manera estricta y puntual. La Constitución de la ciudad capital no debe ser un catálogo de deseos; no, una suma interminable de aspiraciones; no, un listado de pretensiones utópicas, no, una mitologÃa celestial.
¡No! En sentido diferente, debiera ser una Constitución con claras y precisas definiciones acerca de cuáles son los derechos y cuáles las obligaciones que las y los habitantes de la capital deberemos ejercer y cumplir ahora, en nuestro tiempo y para el de nuestros hijos y nietos.
Me explico de la siguiente manera: hoy, en la Constitución General de la República se establece que todos quienes vivimos en este territorio tenemos derecho a una vivienda digna. Sin embargo, éste, que es un derecho que se estableció como una gran conquista del legislador permanente, es sólo una quimera, una ilusión e incluso podrÃa entenderse hasta como un engaño, porque en la realidad del dÃa de hoy y de los que vendrán durante mucho tiempo, el derecho de las y los mexicanos a morar en una vivienda no se cumple y ni siquiera existe la posibilidad de que quien no puede ejercer este derecho pueda exigir, a la autoridad correspondiente, su cumplimiento.
Asà sucede con otros derechos de los llamados sociales, a los que simplemente debiéramos identificar como derechos humanos.
Un segundo ejemplo: en nuestra Constitución General se establece el derecho constitucional a la salud. En el exterior nos enorgullecemos de que nuestra Constitución establezca, con fina y elegante precisión literaria, y con firmeza digna de la columna que sostiene al sÃmbolo de nuestra Independencia, que en México, sin excepciones, todas y todos tenemos el derecho para acceder a los servicios de sanidad que nos permitan gozar de salud. Pero esto, aun con su elegancia literaria, es… letra muerta. En realidad, la mayorÃa de las y los mexicanos no ejercen y no pueden acceder al derecho humano a la salud.
Si somos objetivos, reconoceremos que muchos de los artÃculos de nuestra Constitución General y de aquellas otras particulares que corresponden a las entidades de la federación son, efectivamente, letra muerta: no se cumplen y la autoridad federal o estatal no reconoce o no observa o simplemente no existen los imperativos legales para hacerlos cumplir.
PodrÃamos seguir con otros ejemplos de incumplimiento de la Constitución que debieran llevarnos a la conclusión de que se debiera construir una nueva Constitución para la República.
Pero mientras eso sucede, debiéramos construir para la Ciudad de México una Constitución verdadera, es decir, que se pudiese aplicar de manera plena y que, en consecuencia, resultase indispensable para hacer, en la capital del paÃs, una sociedad de derechos y un ejemplo de relaciones sociales democráticas y civilizadas.
Si en la Constitución de la CDMX se establece el derecho a la salud, entonces éste deberá ser exigible y sin excusa alguna debiera cumplirse por la autoridad correspondiente o por los prestadores de los servicios de salud, lo sean particulares o lo sean del gobierno.
Imagine que va usted transitando por una de las avenidas de la capital de la República y, de pronto, experimenta un dolor fuerte, insoportable, que le hace buscar a un médico o ingresar a un hospital. Imagine que pudo llegar a un nosocomio público o que alcanza a llegar a uno privado. Pues entonces, si el derecho a la salud se establece en la Constitución de la ciudad capital, uno u otro le admitirán y le prestarán los servicios necesarios en cualquier condición o circunstancia. Y, por lo tanto, nada de que su tarjeta bancaria no pasa; nada de que no cuenta con un seguro médico privado; nada de que el hospital es exclusivo; nada de que no aparece en el padrón de beneficiarios del Seguro Social, del ISSSTE o del Seguro Popular; nada de que se acabó el presupuesto, de que hubo recortes, de que no hay médicos ni enfermeras, de que las medicinas se agotaron, de que se fue la luz; nada de que el derecho, aunque esté escrito en la Constitución, no exista en la realidad.
Veamos entonces el tema de la manera siguiente: si el derecho está escrito, es que existe y, por lo tanto, se cumplirá, porque se asignará el presupuesto necesario, porque se crearán las clÃnicas suficientes, se contratará y asignará el personal necesario y, sobre todo, porque la autoridad se encontrará obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de México so pena legal.
Lo mismo se deberÃa hacer para la educación o para el seguro de desempleo; el derecho al acceso al agua y a un medio ambiente sano; a la plena igualdad jurÃdica y la igualdad en el acceso a derechos humanos fundamentales.
En fin… En la CDMX una Constitución verdadera, exigible en su cumplimiento, con derechos efectivos y responsabilidades ciudadanas garantizadas.
Publicado originalmente en Excélsior, el 29 de marzo de 2016
