Por una  Constitución que ponga freno a la corrupción y a la impunidad

 

 

 

 

 

 

Lorena Villavicencio Ayala

Mujeres de Hierro

 

 

 

 

 

 

 

No me gusto nada la fórmula de integración del Congreso Constituyente de la Ciudad de México,  el Congreso de la Unión no cedió a la tentación de seguir tutelando a nuestra ciudad capital, al establecer diputados constituyentes designados por los poderes federales y el Jefe de Gobierno, lo cual le quita el carácter de Constituyente y lo convierte en Congreso Constituido; pero además al establecer los parámetros en los que tendrán que  jugar los diputados, que acotan la capacidad creadora y creativa de sus integrantes para concebir nuevas formulas para una ciudad tan compleja como la nuestra, sin que ello implique negar principios fundamentales como nación. Y para rematar con broche de oro, le concede al Jefe de Gobierno la facultad en exclusiva, de elaborar el proyecto de Constitución sobre el que habrán de discutir los constituyentes, lo cuales serán predominantemente integrantes de partidos políticos, por los candados y obstáculos tan grandes que tendrán que sortear los candidatos independientes para lograr un escaño.  En fin, no se ha entendido que la participación política no debe tener restricción alguna y menos aún mantener patentes de exclusividad que impone una cancha tan dispareja entre ciudadanos y partidos políticos.

 

Pero entrando a los temas que deben formar parte de la Constitución, considero que además de contar con un capítulo extenso de derechos humanos y sus garantías que  recoja lo ya establecido en la Constitución General de la República, los futuros constituyentes deberían incluir nuevos derechos como la autodeterminación de las mujeres para decidir sobre su vida y su cuerpo, y acabar ya con debates confesionales que son incompatibles con un Estado Laico como el nuestro. Establecer asimismo los mecanismos para la exigibilidad de un salario justo y equitativo, donde el hecho de ser mujer no implique un salario o tabulador diferenciado. De poco sirve ampliar el catálogo de derechos sociales, económicos, culturales o los denominados derechos de "solidaridad" sino se establece la factibilidad presupuestal que garantice su ejercicio, como el derecho a la vivienda, a la salud, a servicios públicos de calidad, a la alimentación , al agua, a un medio ambiente sano, entre muchos otros.

 

El garantizar el ejercicio de estos derechos implicaría hacer una redistribución del presupuesto que evite el despilfarro, la duplicidad de funciones, la proliferación de plazas injustificadas para el pago de favores políticos o cuotas partidarias. Así como evaluar los programas sociales de gobierno que se han convertido en un barril sin fondo que podría afirmar poco han disminuido la desigualdad y la pobreza. Es el momento para replantear la política social y establecer criterios que para medir y cuantificar los avances, y propongo desde ahora, que la autosuficiencia de los beneficiarios de estos programas  sea un principio rector, se trata de resolver no de contener. Y para evitar el clientelismo esclavizante, donde se privilegia y condiciona el acceso a estos programas sociales a los grupos políticos simpatizantes, deben ser preferentemente universales. 

 

El acabar con la funesta diada de la corrupción y la impunidad como uno de los grandes ejes de la Constitución de la Ciudad de México, no sólo debe incluir la famosa ley tres de tres, que implica mucho más que la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de todos los funcionarios públicos y representantes populares, sino además debe contener un sistema anticorrupción de la Ciudad, que garantice la coordinación entre todas las instituciones que estén vinculadas con el combate a  la misma como ya se contempla a nivel federal pero con el plus de que los órganos de control administrativos, fiscales y de procuración de justicia sean plenamente autónomos, y con un catálogo  de sanciones muy severas para quienes sean omisos o negligentes en sus funciones.

 

Tema fundamental si queremos que los ciudadanos se apropien  de su Constitución como una herramienta fundamental para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, es la democracia participativa; la cual no sólo debe eliminar de entrada cualquier restricción que evite la participación política de los ciudadanos, no sólo para votar y ser votado,  de asociarse con quien quiera, sino de opinar sobre los asuntos públicos de su comunidad, estado o país. 

 

Para evitar el abuso en el que han incurrido los partidos políticos se  debe considerar limitar el financiamiento público y sólo otorgarles apoyo en radio y televisión, o alguno en especie, para difundir sus programas de gobierno o legislativos,  así como eliminar las trabas para ser candidato independiente y solo exigirles requisitos que garanticen representatividad a quienes aspiren a tener acceso a algunas prerrogativas. No se debe malgastar los recursos públicos ni en partidos políticos, ni en candidatos independientes que no tengan representatividad, la cual solo la determina los votos. 

 

Entre mayor sea la participación de la ciudadanía  mejores serán gobiernos y también los partidos políticos, como articuladores de las  expectativas y las demandas de una parte de la sociedad.  

 

Como una mujer interesada en estos procesos de cambio, me parece que es fundamental establecer un antídoto contra el abuso, la ineficiencia, la incapacidad, la corrupción de los gobernantes y por ello propongo que se establezca la revocación del mandato , con un procedimiento adecuado que evite  ser utilizado por consigna o como revancha política.   Y también eliminar los fueros a los representantes populares, ya estamos hasta la madre de la impunidad. 

 

Finalmente me alegra mucho que tengamos órganos colegiados en las ahora llamadas Alcaldías, donde espero no sólo se refleje la diversidad partidaria, sino la ciudadana y que se le amplíen sus facultades a este gobierno semi  parlamentario.