La Constituyente: entre intolerancia e ignorancia
Alejandro Encinas
Diputado Constituyente
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Soy uno a los que el nuevo inquisidor, el ciudadano Francisco Martín Moreno, encarnando al Torquemada de la España colonial y alentando el discurso de odio y dogmas de dominación del Santo Oficio contra quien disiente de su insano juicio, pretende cremar al “instalar una nueva pira en la Plaza del Volador y quemar en leña verde a los asambleístas comunistas que propusieron la destrucción de la capital de la República, de modo que yo pongo el primer leño…”
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Hace décadas que no leía en la prensa una afirmación de tal intolerancia. La Santa Inquisición se instituyó para suprimir la herejía en la iglesia católica y ejercer el control ideológico y religioso sobre la población; combatir la negación de la fe; perseguir la blasfemia, las herejías y el judaísmo, adoptando la tortura, la confiscación de bienes y la muerte en la hoguera o el garrote vil.
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Me declaro hereje. No creo en el pensamiento único, en los dogmas de fe ni en el derecho de ningún poder o persona a imponer a otra su pensamiento, su forma de vidas, sus preferencias, hábitos o costumbres. Me declaro libertario, fiel al libre desarrollo de la personalidad, sin injerencia alguna del Estado ni de ningún otro tipo de poder; incluido el derecho del señor Martín Moreno a rebasar los parámetros racionales de la libertad de expresión incitando al odio y a la violencia.
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No es un asunto casual ni un hecho aislado, la denostación al proyecto de Constitución de la Ciudad de México que se ha pretendido instaurar en la percepción pública, obedece a una campaña sistemática que oculta la confrontación de nación que queremos. El lenguaje de vituperios y descalificaciones carece, en su mayoría, de rigor jurídico y del conocimiento elemental del proyecto, el cual seguramente muchos de sus detractores no han leído.
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Se afirma que se trata de una carta de derechos y buenos deseos que se convierten en demagogia al ser incumplibles, cuando el proyecto replica los derechos humanos contemplados en nuestra Constitución General y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, que por cierto suman alrededor de 400. Hay quien afirma que son demasiados derechos, pero no señalan cuales deben suprimirse; que deben priorizarse derechos, ¿cuáles?; que no se cuenta con recursos para su ejercicio y desconocen la capacitad económica de la capital y el principio constitucional de progresividad en los derechos.
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Que es una constitución “comunista”, que omite garantías individuales y atenta contra la propiedad privada, cuando el proyecto se apega al artículo 27 Constitucional en el que, por cierto, se contiene el mayor atentado contra la propiedad: la reforma energética que establece la servidumbre de paso, la ocupación temporal o la expropiación de bienes a favor de particulares para la explotación de hidrocarburos o la generación de energía, que los críticos de hoy aplaudieron.
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Que ni la economía de la ciudad ni su gobierno deben alentar la distribución del ingreso ni el Estado de bienestar, pues ello atenta contra el mercado y la libertad de competencia, cuando el objetivo del mercado, es decir, de un puñado de magnates, es la acumulación de la riqueza sin importar la desigualdad.
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Prevalece una esquizofrenia discursiva en este debate, lo cual espero despierte la participación de la sociedad capitalina, pues mientras para algunos personeros del régimen se trata de un proyecto estatista, para otros críticos representa una reafirmación del proyecto neoliberal privatizador.
Es cierto que el contenido del proyecto no se ha difundido debidamente, que es perfectible, que la Asamblea Constituyente quiere rebasar sus fronteras y la crisis de credibilidad, así como el escepticismo en la política y sus instituciones anidada en la ciudadanía, a lo que suma, al igual que en el pasado colonial, la necesidad de enfrentar la intolerancia y la ignorancia que representan los nuevos inquisidores.
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Publicado originalmente el 18 de octubre de 2016 en
