La academia, sus aportes en la Constitución de la Ciudad de  México

 

 

 

Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México. 5 de septiembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- En 1325, tras un largo peregrinar de más de 200 años guiados por Huitzilopochtli, los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlan alrededor de un islote en el que hallaron, posada en un tunal, un águila que devoraba una serpiente.

 

Como lo describe Miguel León Portilla en su obra México-Tenochtitlan:  su espacio y tiempo sagrados, esta ciudad que ya existía en el pensamiento de los dioses se materializó tras la profecía anunciada por Cuauhtlequetzqui: “en tanto que dure el mundo, así durará el renombre, la gloria, de México-Tenochtitlan…”.

 

La tierra prometida que echó raíz en medio de un lago fue, sigue siendo y será epicentro de encuentros y desencuentros. Fiel a su historia, actualmente vive un momento trascendental en su configuración política: logrará su independencia de la Federación para convertirse en un estado autónomo, con un Congreso y Constitución propios.

 

La Asamblea Constituyente, conformada por un centenar de constituyentes (40 designados de manera directa y 60 elegidos por la ciudadanía en junio pasado), legislará la inédita Constitución de la Ciudad de México, que deberá ser concluida antes del 31 de enero de 2017 con el propósito de que sea publicada en la emblemática fecha del 5 de febrero.

 

El jefe de Gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de presentar un Proyecto de Iniciativa para la Constitución, para lo cual conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, quienes incorporaron el documento que será remitido a la Asamblea Constituyente para su primera sesión de trabajo el 15 de septiembre próximo. A la vez que cuenta con un grupo asesor externo (encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente) que tiene la encomienda de incluir propuestas de la sociedad civil.

 

Estos cambios históricos para la capital del país arrancaron de manera formal el 29 de enero cuando se promulgó la Reforma Política del Distrito Federal, la cual pone fin a la estructura de poder establecida por el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión en la Constitución de 1917, en la que se impuso un régimen de centralización.

 

El nuevo orden jurídico expresará la autonomía de la capital del país y contendrá un pacto social para el ejercicio de los derechos y obligaciones de sus habitantes. Como lo expone Pascual Alberto Orozco Garibay en su artículo "El Distrito Federal. Una nueva estructura constitucional", el entonces Distrito Federal carecía de libertad para tener su propia Constitución y para hacer valer su derecho a autodeterminar en los asuntos internos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con perspectiva académica

En la transformación jurídica y legislativa de la Ciudad de México, la academia tiene un papel preponderante, y es que el grupo que redacta el Proyecto de Iniciativa está integrado en una tercera parte por investigadores de áreas como historia, derecho, ciencias políticas y derechos humanos, entre otros.

 

Los académicos de diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Iberoamericana, han plasmado en su contenido un modelo de gobernabilidad, de respeto a la participación y derechos ciudadanos, de transparencia y acceso a la información, así como aspectos que contribuyan a la solución de las diversas problemáticas metropolitanas.

 

A decir de la doctora Alicia Ziccardi Contigiani, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM e integrante de este grupo de trabajo, una de las mayores fortalezas es su pluralidad que permea, debido a que los miembros poseen conocimiento y experiencia en diversas temáticas que hizo que las discusiones fueran ricas, documentadas y profundas.

 

La investigadora —que ha realizado estudios urbanos, procesos de descentralización, gobernabilidad y participación ciudadana en la Ciudad de México— señala que la variedad de conocimientos vertidos en las reuniones de trabajo fue traducida a términos legales por destacados juristas que también integraron el grupo, quienes son especialistas en régimen jurídico, en forma de gobierno, así como temas de ordenamiento territorial y ambiental.

 

En entrevista con la Agencia Informativa CONACYT indica que el resultado es un documento sustentado en un amplio reconocimiento de los derechos económicos, sociales, urbanos, ambientales, culturales y en los instrumentos que hagan efectivo su ejercicio.

 

“Es una Constitución que debe plantear una forma de gobierno original, que garantice el funcionamiento de la democracia representativa y participativa, que también otorgue las bases institucionales para logar una buena administración local que combata la corrupción”, explica.

 

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III, detalla que el rubro “más original y sustantivo” de la iniciativa es el capítulo sobre el Proyecto de Ciudad, enfocado en el reconocimiento del Derecho a la Ciudad que exige crear un sistema de planeación participativa. A partir de él, debe generarse un nuevo ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, rural y ambiental sustentable, que garantice un adecuado nivel de vida para todos sus habitantes.

 

Además, explica que en la redacción sobresale el reconocimiento de que la capital es solo una parte del extenso y disperso territorio nacional, por lo que introduce mecanismos eficaces de coordinación metropolitana que garanticen la integración de esta ciudad policéntrica, que articula la economía nacional a la globalización.

 

“El proyecto crea una nueva arquitectura institucional que sustente una forma de gobernanza multinivel, descentralizada, eficiente y democrática”, añade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones

 

El trabajo académico en torno a la conformación de un nuevo régimen constitucional y político de la capital mexicana no es reciente. Las investigaciones datan de la década de los ochenta, cuando la ciudadanía demandaba participación y cuyos primeros pasos se dieron en 1987 cuando se establece la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y, años posteriores, adquiere su carácter legislativo; pasando en 1996 por el reconocimiento del derecho de sus habitantes para elegir al jefe de Gobierno del Distrito Federal mediante voto directo.

 

Estos procesos, resultado de consultas académicas, debates y luchas políticas, dieron paso al proceso de la Reforma Política iniciada en las últimas décadas y que siguió su camino para ser aprobada a finales de 2015.

 

En los últimos años ha sido significativo el aporte de especialistas de diversas instituciones. Entre otros esfuerzos, en la UNAM se creó el PUEC (en 1994) con el propósito de vincular el trabajo académico con quienes toman decisiones acerca de la organización y gestión del territorio, desde diferentes ámbitos de gobierno y desde las organizaciones de la sociedad, aportando conocimientos científicos y técnicos para la solución de problemas sobre la ciudad.

 

Recientemente, en la integración del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México tuvo un gran peso la opinión de los académicos, la cual —asegura Alicia Ziccardi Contigiani— se enriqueció con los planteamientos recogidos en foros, seminarios y encuentros que se organizaron en las universidades y centros de investigación.

 

“Puede decirse, sin duda, que el saber científico nutre la técnica jurídica y los posicionamientos políticos e ideológicos”, enfatiza.

 

De acuerdo con la estudiosa de temas como pobreza urbana, desigual- dad y políticas sociales en ciudades mexicanas y latinoamericanas, la iniciativa que presentará el jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente es un esfuerzo colectivo en el que se sientan las bases de un proyecto de ciudad económica, social y ambientalmente sostenible.

 

A partir de la Constitución que se apruebe —agrega la especialista—, se requerirán políticas públicas integradas, promover la planeación y un nuevo orden en el territorio, además de un nuevo diseño institucional, buenas administraciones locales, así como gobiernos locales fuertes y democráticos, mecanismos de coordinación metropolitana y fortalecimiento de la acción internacional.

 

A casi siete siglos de la fundación de la capital del imperio azteca, en nuestros días se configura un nuevo capítulo en su historia para que dure el renombre y gloria de México-Tenochtitlan.

 

Publicado originalmente en:

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/9896-la-academia-sus-aportes-en-la-constitucion-de-la-ciudad-de-mexico