La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y su aporte a la Constitución Política de la Ciudad de México”

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Luévano[1]

COPEVI

 

 

 

 

Una de las luchas ciudadanas fundamentales y permanentes para consolidar la democratización de la ciudad de México es su Constitución Política como entidad federativa autónoma integrante de pleno derecho, al igual que las demás entidades del Pacto Federal, que permita a los habitantes de la Capital contar con derechos plenos.

 

La autonomía de la ciudad Capital es un propósito anhelado por varias generaciones. Diversos proyectos han sido debatidos en las últimas décadas; los sectores populares y de la sociedad civil han aportado importantes proyectos para la ciudad, en diversas temáticas, siempre buscando garantizar un marco de derechos para toda la población.

 

La relevancia de la “Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”, radica en que coloca en el centro a la imprescindible participación de las personas, la función social de la ciudad y la actuación interactoral de instituciones y ciudadanos en las decisiones que deban adoptarse acerca de la gestión democrática de la ciudad en sus más variados aspectos: el desarrollo sustentable, el desarrollo social, la economía, la cultura, la seguridad, el disfrute de la vida, etc. Por su alcance, la Carta es un pilar fundamental en la integración del sentido y de los contenidos primordiales que deberá incluir la constitución política local, en cuya construcción habremos de sumarnos todas y todos los habitantes de éste territorio, en la hermosa tarea de dibujar la ciudad que queremos.

 

La sociedad civil, activa promotora de los derechos plenos en la ciudad

 

Desde la constitución de la federación mexicana los habitantes de la Ciudad de México quedamos limitados en nuestros derechos políticos. Con la designación como Distrito Federal, capital de la República, el destino de la ciudad y sus habitantes quedaron bajo control de la federación, a diferencia del resto de los estados del país que fueron dotados de relativa soberanía y derechos políticos para sus ciudadanos.

 

Con las reformas de 1993 y 1996 se vislumbró la posibilidad de que la ciudad de México volviera a contar con autoridades electas y órganos de gobierno propios, lo cual empezó a materializarse en 1997 con la elección del primer Jefe de Gobierno de la ciudad y de la Asamblea Legislativa. Tres años más tarde, con el inicio del nuevo siglo, tendría lugar la segunda elección del Jefe de Gobierno acompañada de la primera de Jefes Delegacionales en las 16 demarcaciones políticas del Distrito Federal.

 

Actores principales de este proceso de democratización de la vida de la ciudad y del país en el México contemporáneo han sido los movimientos populares y diversas expresiones de la sociedad civil emergente que surgieron a mediados de los ochenta.

 

El momento más significativo de ese despertar es, sin lugar a dudas, el Plebiscito de la Primavera de 1993 que detonó el proceso de reformas de ese año y las de 1995. En dicho evento, la ciudadanía volcó su exigencia a ejercer su derecho a elegir a sus propias autoridades en la ciudad capital y recuperar sus instancias de gobierno.

 

Durante las décadas de 1980 y 1990, diversos movimientos sociales y civiles enarbolaron -junto a la lucha por sus reivindicaciones- diversos proyectos de ciudad y de democratización del Distrito Federal, alcanzando altos índices de protagonismo ciudadano frente a los sismos de 1985, además de otras movilizaciones de envergadura nacional que desembocaron en 1997 en la elección del primer Jefe de Gobierno, con el triunfo de una opción democrática en nuestra capital.

 

En tanto, la ALDF avanzó significativamente en la transformación del marco legislativo de la ciudad para dejar atrás el viejo esquema de “apéndice” del gobierno federal y sentar las bases de una ciudad con autonomía en los más diversos campos de la vida de nuestra urbe.

 

Con la conquista del primer gobierno electo se colocó en la agenda de democratización de la capital, la urgencia de instituir poderes plenos, adquirir derechos e instituciones similares a los de las demás entidades de la federación y fortalecer su papel de capital del país, y contar con nuestra propia Constitución Política.

 

La Reforma del DF es por la Constitución Política de la Ciudad de México

 

Hoy más que nunca ha quedado de manifiesto que la reforma política de la ciudad se condensa en la conquista de autonomía y derechos plenos para la ciudad y para la ciudadanía. Soberanía plena, derechos y atribuciones que habrán de quedar plasmados en la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Cualquier modificación a la constitución federal sin considerar la soberanía de la ciudad, sólo busca perpetuar el estado de sujeción de los capitalinos como ciudadanos de segunda en el país.

 

Se trata de un momento fundante de la vida futura de nuestra ciudad donde ciudadanas y ciudadanos nos sumemos entusiastamente a opinar, proponer, debatir y establecer en la carta magna de la ciudad, el modo de vida que queremos; de plasmar los derechos por los que venimos luchando; de constituir verdaderas instancias de gobierno local, de dibujar las instituciones que más sirvan a la consolidación de la vida democrática y de fortalecer el papel de la capital y su función en el entorno metropolitano. Es una tarea entre todas y todos.

 

La Carta por el Derecho a la Ciudad, una vía para la inclusión y democratización de la vida de los capitalinos.

 

En este proceso de definiciones sobre el futuro de la capital, la Carta por el Derecho a la Ciudad contribuye de manera destacada a la construcción de los fundamentos que habrán de plasmarse en el cuerpo constitucional.

 

Producto de diversos movimientos sociales y civiles articulados con luchas hermanas de diversas partes del mundo, el proyecto de la Carta es una propuesta programática que se dirige a conformar una ciudad incluyente, participativa, democrática y solidaria.

 

Los principales Ejes de la “Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”, son los siguientes[2]:

  • Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad. Por una ciudad de derechos humanos.

  • Función social de la ciudad, de la tierra y la propiedad. Por una ciudad para todos y todas: incluyente, solidaria, equitativa.

  • Gestión democrática de la ciudad. Por una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable.

  • Producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Por una ciudad socialmente productiva.

  • Manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Por una ciudad viable y ambientalmente sustentable.

  • Disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Por una ciudad abierta, libre, crítica y lúdica.

 

Sus ejes transversales son los derechos humanos y la participación directa de la ciudadanía en la gestión de la ciudad.

 

Una Constitución de las y los ciudadanos

 

Diversos debates se han instalado en la ciudad. Por un lado, en torno a ¿cuál debe ser el rumbo de la Ciudad para las próximas décadas?; por otro, acerca de la pregunta sobre quién debe elaborar y aprobar la Constitución de la Ciudad de México.

 

Mientras algunos de los actores políticos e institucionales piensan que debe ser obra de unos cuantos; diversas expresiones ciudadanas, redes sociales y de derechos humanos, organizaciones sociales, académicos y trabajadores en diversas ramas de las problemáticas de la ciudad consideramos que debe ser tarea de todas y todos a fin de garantizar un futuro de bienestar y seguridad para las amplias mayorías de la población que aquí vive, garantizándose el Derecho a la Ciudad[3].

 

Por ello, proponemos que en todo el proceso de elaboración del texto constitucional, en los momentos de su análisis, debate y aprobación; así como el refrendo final debe contar con la más amplia participación de la ciudadanía.

 

Las redes sociales, los movimientos populares y diversos sectores de la sociedad con sus valiosos aportes al desarrollo y la democratización de la ciudad, se han ganado a pulso el derecho a participar plenamente y a disfrutar de la ciudad. Por ello, el proceso constituyente deberá responder a esta exigencia ciudadana, al menos en los siguientes aspectos:

 

  • La elaboración del texto constitucional, con la más amplia participación ciudadana.

  • La representación ciudadana de manera significativa de al menos el 50% en la Asamblea Constituyente que se encargue de analizar, redactar y aprobar el proyecto constitucional.

  • Realizar un Referéndum ratificatorio del proyecto constitucional mediante el cuál la ciudadanía otorgue la más amplia legitimidad a nuestra primera Constitución Política de la Ciudad de México.

 

A la elaboración de nuestra primera Constitución local habrán de sumarse los diversos sectores que interactúan en la ciudad Capital. A esta tarea estamos todas y todos convocados.

 

Octubre de 2015.

 

 

 

 

[1] Colaborador de COPEVI AC, encargado del campo de gobernabilidad y democracia participativa. Copevi forma parte de la red “Derechos Plenos, Capital Soberana” y de la articulación de diversas redes que promueven la participación ciudadana en el proceso constituyente de la Ciudad de México.

 

[2] Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. “Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”. Tercera reimpresión, Ciudad de México, 2014; 75p.

 

[3] Documento de análisis elaborado por el autor para la red Derechos Plenos, Capital Soberana: “Posicionamiento sobre el alcance del Proyecto de Dictamen de Reforma Política del Distrito Federal”. Diciembre de 2013.