La Ciudad de México y el derecho a la movilidad humana (tercera parte y última)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Tacher Contreras

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

 

 

La reforma de la Ciudad de México es la oportunidad de refrendar su papel como “ciudad global”. Como tal, es importante reconocer su papel en los efectos directos y tangibles en los asuntos mundiales, no solamente en el ámbito económico, también debe reconocer su papel en la cultura, la política y lo social.

 

Reconocer el papel de la Ciudad de México en el contexto global también implica reconocer que se encuentra inserta en los procesos de movilidad humana. En este sentido, la movilidad humana como concepto que busca incluir en una sola idea el conjunto de las formas de movimiento de las personas, implica para los Estados obligaciones de implementar políticas que hagan frente a las condiciones que reproducen desigualdades que afectan a la dignidad de las personas.

 

La Constitución de la Ciudad de México debe garantizar que ningún ser humano sea señalado como ilegal por su condición migratoria. Para lo cual es indispensable reconocer los elementos de la legislación internacional sobre derechos humanos que se ha especializado en la materia. Además de garantizar que el diseño de las instituciones de la Ciudad cuenten con mecanismos para atender los retos y las oportunidades que presentan las migraciones internacionales en políticas de protección adecuadas para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana y sus familias.

 

El reto es mayúsculo cuando se observa que a nivel nacional la elaboración de políticas y normativas en la materia ha tenido un enfoque “securista” y de exclusión. Este enfoque ha tendido a la criminalización y estigmatización de la migración indocumentada, atentando contra los derechos de las personas, e implementando procedimientos para la persecución y deportación.

 

Finalmente, se debe reiterar que la Ciudad de México debe ser una ciudad incluyente, que no criminalice la migración irregular. Una ciudad que promueva la no discriminación a las personas migrantes. Una ciudad que integre. Una ciudad transparente con las personas en movilidad. Una ciudad que garantice los derechos humanos de los trabajadores independientemente de su condición nacional o extranjera, regular o no. Una ciudad responsable en materia de derechos humanos con su papel en el contexto de la globalización.